La Línea prepara una nueva normativa para regular los autobuses urbanos y sus tarifas
El Ayuntamiento abre una consulta pública para definir las condiciones del transporte urbano, los derechos de los viajeros, la accesibilidad y las obligaciones del operador antes de la futura concesión del servicio.
Redacción InfoLinense

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha iniciado la elaboración de una ordenanza municipal específica para regular el transporte público urbano en autobús. La medida forma parte de los preparativos para la futura contratación de la concesión del servicio y pretende establecer un marco propio que determine tanto las obligaciones de la empresa encargada de su prestación como los derechos y deberes de los viajeros. Actualmente, el municipio no dispone de una ordenanza que reúna de forma sistemática todas estas cuestiones.
La futura normativa regulará aspectos relacionados con el acceso y la permanencia en los vehículos, los títulos de transporte, las tarifas y las condiciones de utilización del servicio. También establecerá criterios sobre la atención a los usuarios y el funcionamiento general de los autobuses urbanos. Esto permitirá contar con unas reglas municipales definidas sobre cuestiones que afectan directamente a los vecinos que utilizan el transporte público para sus desplazamientos diarios.
La accesibilidad será otro de los asuntos que se abordarán en la nueva regulación, junto con la seguridad, la convivencia y el uso adecuado de los vehículos. El Ayuntamiento también pretende delimitar las obligaciones de la entidad prestadora y los mecanismos municipales de control sobre la gestión del servicio. La ordenanza deberá coordinarse con la legislación autonómica y estatal y con las condiciones que se establezcan en la futura contratación.
La iniciativa no supone por sí misma una modificación de las tarifas, los recorridos o los horarios actuales. Se trata de una fase previa destinada a establecer las normas generales bajo las que deberá funcionar el transporte urbano. La posibilidad de mantener únicamente la legislación general y las condiciones del futuro contrato también ha sido contemplada, aunque el Ayuntamiento considera más adecuado aprobar una regulación municipal específica que aporte mayor claridad a las relaciones entre usuarios, administración y empresa concesionaria.
Los vecinos, asociaciones y entidades interesadas podrán participar en la consulta pública durante diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio. Las propuestas podrán presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento, por los medios legalmente previstos o mediante el canal electrónico que se habilite. Las aportaciones deberán identificar el aspecto que se pretende mejorar y la propuesta planteada, antes de que se redacte el proyecto de ordenanza y continúe su tramitación.
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